El gobernador con licencia de Sinaloa rindió su testimonio este martes en Culiacán, acompañado por el alcalde Juan de Dios Gámez y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; los tres figuran entre los diez funcionarios señalados por Washington.
Después de varios días fuera del radar público, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rompió el silencio de la manera menos esperada: presentándose ante la Fiscalía General de la República. El morenista llegó este martes en vehículo a la delegación de la FGR en Culiacán para responder al expediente que se abrió en México tras las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense, que lo señala —junto a varios miembros de su círculo cercano— de presuntos nexos con el narcotráfico.
Horas después de la comparecencia, Rocha confirmó la diligencia en su cuenta de X y se comprometió a atender cualquier nuevo llamado de las autoridades. “Lo haré porque creo en el sistema judicial mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, escribió, en un mensaje que también aprovechó para reivindicar las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación.
No fue el único en pisar la sede federal. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal general del estado, Dámaso Castro Saavedra, acudieron el mismo día en calidad de testigos. A la salida, Castro Saavedra fue el único que se detuvo a hablar con los reporteros. Rechazó cualquier vínculo con Los Chapitos y aseguró que únicamente está atendiendo el citatorio: “Confiamos en las instituciones, en el trabajo de las investigaciones y en el esclarecimiento”, dijo. Sobre su regreso al cargo —del que pidió licencia a principios de mayo— prefirió no adelantar tiempos: esperará a que se integre la carpeta de investigación.
El expediente que detonó la crisis
El terremoto político vino desde el norte. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios sinaloenses de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa: a cambio de sobornos y respaldo político, habrían entregado protección, información privilegiada y espacios estratégicos dentro del aparato gubernamental. Los cargos formales incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Además del gobernador, el alcalde y el vicefiscal, la lista de señalados es larga: el senador morenista Enrique Inzunza; el exsecretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega; los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; y el comandante de la policía municipal de la capital, Juan Valenzuela Milán. De los diez, hasta ahora únicamente Díaz Vega y Mérida Sánchez se han entregado a las autoridades estadounidenses.
Sin imputación en México… pero con cuentas congeladas
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a marcar línea desde Palacio Nacional este lunes: insistió en que Rocha no tiene aún ninguna imputación formal en territorio mexicano y que la comparecencia forma parte de las indagatorias que la FGR abrió por reflejo del caso estadounidense.
El golpe, sin embargo, ya se siente en el bolsillo. La banca mexicana congeló de manera preventiva las cuentas del gobernador y de los otros nueve acusados —junto con sus redes de servicios financieros— como medida para blindarse de posibles sanciones desde Washington. A esa presión se suma otra: los diez funcionarios cargan con fichas rojas derivadas de las órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos.
Rocha Moya, Gámez Mendívil, Inzunza y Castro Saavedra han negado en bloque cualquier vínculo con la organización criminal. Pero el episodio se perfila como uno de los capítulos más delicados para la política sinaloense y nacional en lo que va del sexenio, pues las acusaciones apuntan a una red de complicidades que habría permitido a Los Chapitos extender rutas, colocar operadores en posiciones clave del gobierno y mantenerse en libertad mientras ampliaban sus operaciones criminales.