La iniciativa fue avalada con 87 votos a favor y 41 en contra. Ahora deberá pasar por la Cámara de Diputados y por al menos 17 congresos estatales para convertirse en ley.
Ciudad de México.– En una sesión que se prolongó casi hasta la medianoche del miércoles, el Senado de la República aprobó por mayoría calificada el denominado “plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con un único ajuste: se descartó modificar las reglas de revocación de mandato.
El dictamen obtuvo 87 votos favorables frente a 41 en contra, superando así el umbral de 86 senadores requerido para aprobar cambios a la Constitución. Tras la votación general, el pleno debatió diversas reservas presentadas por legisladores, aunque únicamente prosperó una.
La revocación de mandato queda intacta
La propuesta original de Sheinbaum contemplaba reformar el artículo 35 constitucional para permitir que la revocación de mandato presidencial pudiera activarse desde el segundo año de gobierno, en lugar del tercero, como establece la norma vigente. Sin embargo, la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo, presentó una reserva para eliminar ese cambio del dictamen, la cual fue aceptada por la mayoría.
De esta forma, el mecanismo de revocación de mandato permanece sin alteraciones y solo podrá solicitarse a partir del tercer año de cada sexenio.
Al respecto, Sheinbaum restó importancia a ese punto durante su conferencia matutina del jueves. La mandataria afirmó que el verdadero objetivo de la reforma siempre fue recortar privilegios en distintos niveles de gobierno e instituciones electorales, y que eso pesaba más que el ajuste a la revocación.
¿Qué cambios sí fueron aprobados?
El paquete avalado por el Senado contempla modificaciones en cuatro ejes principales.
En primer lugar, se establece una reducción progresiva del presupuesto del Senado durante los próximos cuatro años, con la meta de alcanzar un recorte del 15 por ciento respecto al monto autorizado para 2026.
En segundo lugar, se adiciona el artículo 134 constitucional para fijar un tope salarial a consejeros y magistrados electorales, tanto del INE como de organismos locales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República. Además, se les prohíbe contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, fondos de ahorro especiales, seguros de separación individualizada y otras prestaciones no previstas en la ley.
En tercer lugar, se reforma el artículo 115 para limitar la estructura de los ayuntamientos municipales a una sindicatura y un rango de entre siete y 15 regidurías.
Finalmente, se adiciona el artículo 116 para establecer que el presupuesto de los congresos estatales no podrá rebasar el 0.70 por ciento del gasto total de cada entidad federativa.
Según la presidenta, los recursos que se liberen con estas medidas serán canalizados a los sectores de salud, educación y programas sociales.
Lo que viene: Cámara de Diputados y congresos locales
Con la aprobación en el Senado, el dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su revisión. De ser avalado sin modificaciones, deberá obtener el respaldo de al menos 17 de los 32 congresos estatales, tal como lo establece el artículo 135 constitucional para que cualquier reforma a la Carta Magna entre en vigor.
Cabe recordar que este “plan B” surgió después de que la primera iniciativa electoral de Sheinbaum fuera rechazada a principios de marzo en San Lázaro, en una votación donde incluso legisladores de su propia coalición votaron en contra, lo que representó una derrota política significativa para el oficialismo.